DIARIO EL ESPAÑOL
Un juzgado pide que se considere delito; los afectados tienen distintas vías para reclamar los ingresos.
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El impago injustificado de la pensión de alimentos puede ser otra forma de ejercer violencia contra las mujeres. Así lo cree un juzgado de Mataró, que ha hecho llegar una petición a la mesa del Gobierno para que la violencia económica –mediante la cual parejas o exparejas pretenden controlar o impedir el acceso a recursos económicos— sea considerada un delito.
Miles de personas en este país con hijos menores a su cargo se encuentran cada año en la tesitura de decidir qué hacer cuando ven que su expareja, con la que han compartido una vida en común e hijos, no abona la pensión alimenticia que se estableció tras la firma del convenio de separación.
Doble victimización
“El hecho de que un progenitor no abone la pensión de alimentos exige, además, que el progenitor que tenga consigo la custodia de los menores tenga que llevar a cabo un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, privándose de atender sus propias necesidades para cubrir las obligaciones que no satisface el obligado al pago”, explica la abogada de familia Sofía Maraña, con despacho en Madrid.