PÚBLICO
A pesar de lo que dicta la ley impulsada por Podemos, solo existe un juzgado operativo de este tipo en Gran Canaria y fue creado con anterioridad a la norma. Juristas y organizaciones feministas reclaman su puesta en marcha tres años después.
"Un menor denuncia y, normalmente, llega al Juzgado de Instrucción que no está especializado en violencias de este tipo. Ese juzgado lleva lo mismo un delito de conducción por alcoholemia que otro por lesiones. Ahí es donde se dan situaciones de revictimización y de violencia institucional contra la infancia", explica la abogada penalista y experta en derecho de familia, Sofía Maraña.
Maraña ha iniciado hace unos meses una campaña en change.org para pedir firmas "que pongan en evidencia que la sociedad reclama estos juzgados". Una iniciativa que se suma al reclamo de numerosas organizaciones feministas que combaten la violencia machista y la violencia contra la infancia.
Pero, ¿por qué todavía no han llegado? "Porque cuesta dinero. Ahora se va a crear una ley para controlar la pornografía en menores porque no supone demasiado dinero crear una norma. Pero, ¿para qué queremos tantas normas sin juzgados que las apliquen?", dice Maraña.
La abogada Sofía Maraña afirma que siempre que se imparte justicia, las víctimas (en este caso los menores) recuperan su dignidad y las ganas de vivir.